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Halla ASF irregularidades por más de 67 mil mdp en primer año de #4T, AMLO tiene “otros datos”

Las ayudas sociales como las entregadas a los adultos mayores o del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, tuvieron contemplados beneficiarios que habían muerto antes de 2019

Hasta 67 mil 498 millones de pesos en irregularidades, fue lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Así lo dio a conocer la víspera David Colmenares Páramo, auditor del organismo, ante la Cámara de Diputados, en la tercera entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2019.

De acuerdo con la revisión a la Cuenta Pública 2019, las irregularidades se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, servicios de los que no se pudo comprobar su realización, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.

Uno de los aspectos donde se encontraron dichos movimientos fue el pago de pensiones a adultos mayores, por un monto de 992 millones 680 mil 415 pesos. Y es que la tercera entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, registró que el Banco del Bienestar giró pagos por un monto de 983 millones 663 mil 600 pesos a 77 mil 117 adultos mayores de todo México que no se pueden comprobar con alguna evidencia de documento o normativa debido a que todos, supuestamente, carecen de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

En el caso de otros 511 beneficiarios les fue duplicada la pensión por un monto de un millón 836 pesos. Y otro monto por 6 millones 308 mil 700 pesos no se tiene una evidencia que acredite de dónde procede el concepto “Pago de Marcha”, el cual corresponde a 4 mil 948 beneficiarios.

La ASF también reveló que se hizo entrega de 872 mil pesos a 234 personas que aparecían como beneficiarias pero en realidad fallecieron entre 1977 y 2018, motivo por el que no tiene sentido su inscripción en el padrón de beneficiarios pagado del ejercicio de 2019.

De igual manera, el organismo dio a conocer que existen más de 263 millones de pesos pendientes de aclarar en la operación del programa del Gobierno Federal, Jóvenes Construyendo el Futuro.

Las Becas del Bienestar están dirigidas a población que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad con el fin de disminuir el nivel de deserción escolar. Son cuatro los apoyos que dan: Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y las Becas Elisa Acuña.

La ASF apuntó que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, a cargo de la Secretaría del Bienestar, reportó la entrega de los recursos de la beca a 72 titulares de las familias beneficiarias pese a que fallecieron antes, el monto asciende 115 mil 200 pesos.

Además se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios por 565 mil400 pesos.

Tampoco se presentó la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria por pagos de apoyos de ejercicios anteriores que ascienden a 834 mil 400 pesos.

Mientras que en la partida combustibles, y arrendamiento de equipo y bienes informáticos no se proporcionó el reintegro por 311 mil 300 pesos y no se presentaron diversos entregables por 71 millones 885 mil 100 pesos.

La auditoría consignó que de 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios no se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la materialización de los servicios prestados, y/o presentan inconsistencias en sus contratos e informes de actividades, el monto asciende a 15 millones 855.8 pesos.

La ASF concluyó que el manejo que se hace de los recursos públicos federales en ese programa “no asegura las mejores condiciones de economía, transparencia, eficiencia, eficacia, y honradez al Estado”.

Ahora la dependencia a cargo del programa debe responder a las solicitudes de aclaración de la ASF, por lo que aún no pueden ser considerados daños al erario.

AMLO rechazó informe de la ASF

“Exageran, y no sólo eso, están mal sus datos” fue la primera respuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante el informe publicado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que se revela que los costos por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) serán de hasta el triple de lo que había anunciado en un inicio el Poder Ejecutivo.

En febrero del 2019, Javier Jiménez Espriú, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (Comunicaciones), aseguró que, según el análisis hecho desde dicha dependencia, la cancelación del proyecto emblema del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, no costaría más de 100 mil millones de pesos mexicanos.

Sin embargo, la ASF no sólo informó que esta cifra ya fue superada, puesto que se han gastado 163 mil 540 millones de pesos, sino que estima un monto de 168 mil 426 millones que todavía faltan por pagar. De tal forma que el gasto total podría ascender a los 331 mil 966 millones de pesos.

“Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí”, fue la reacción del presidente López Obrador ante el informe de la Cuenta Pública del 2016 emanado de la ASF. El mandatario recibió los cuestionamientos con una sonrisa irónica, para luego demeritar los resultados de la auditoría. Además, presionó a este órgano autónomo con el comentario “Hoy vamos a aclarar y, ojalá que antes de que aclaremos nosotros, aclare la auditoría”.

Por otro lado, el presidente también declaró que de ser correcta la conclusión a la que llegó la ASF, de igual forma habría un ahorro respecto al costo original del NAICM: “Si fuera cierto, aún así estamos ahorrando 300 mil pesos aproximadamente.”

El proyecto del NAICM se canceló luego de una consulta popular promovida desde el Poder Ejecutivo, en la que se definió que se daría fin al proyecto propuesto por Peña Nieto en favor del aeropuerto de Santa Lucía.

Este tendrá un costo total aproximado de 82,136 millones 100,000 pesos. Sin embargo, para el 2020 esta obra también ha gastado más de lo estimado para ese año. En un inicio, el palacio legislativo de San Lázaro había etiquetado 5,372 millones 200,000 mil pesos para las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sin embargo, la Secretaría de la Defensa nacional gastó 12,257 millones 200,000 pesos durante el año pasado.

La ASF también concluyó que el proyecto de inversión para la construcción y operación del AIFA encargado a la Sedena por el Poder Ejecutivo, presenta algunos problemas que no permiten hacer un diagnóstico preciso sobre la rentabilidad y los beneficios de esta obra.

La auditoría realizó 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional para “fortalecer la gestión de la SEDENA en el desarrollo del proyecto, a fin de lograr mayor certeza acerca de su factibilidad económica, técnica, legal y ambiental; de su costo real y de sus beneficios, y mitigar los riesgos que pueden incidir en su ejecución y conclusión en el plazo previsto”.

En el apartado Proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles del Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la ASF concluyó que la Sedena ha faltado en la entrega de información suficiente o, en algunos casos, no ha contemplado factores importantes en el análisis.

Sin embargo, en lo general la ASF opina que la “SEDENA cumplió con la normativa aplicable a la planeación, coordinación, gestión de riesgos, ejecución y ejercicio de los recursos asignados al proyecto de inversión”.

Se resiste SFP a ser auditada

A pesar de que es la encargada de vigilar el cumplimiento del gobierno, la misma Secretaría de la Función Pública fue reacia a ser auditada, de acuerdo con el informe que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019.

“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha
información”.

“Asimismo, impidió que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por Covid-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020”, se lee el documento entregado ayer a la Cámara de Diputados.

Sobre la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la ASF también identificó deficiencias en la contratación de seis servidores públicos que ocuparon parte de las 29 plazas de estructura de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.

Tanto el coordinador general y delegados y comisarios de los rubros “Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres servidores públicos que ocuparon el cargo de subdelegados y comisarios públicos suplentes en los sectores de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto”.

En el informe también refirió que si bien la secretaría presentó un total de 575 mil 834 declaraciones patrimoniales “careció de mecanismos de control eficientes que permitieran corroborar el cumplimiento de esa obligación”.

La dependencia apenas realizó 0.02% investigaciones sobre esas declaraciones, las cuales se concentraron; es decir, 35 servidores públicos.

Lo anterior evidenció que los órganos internos de control fueron omisos en su responsabilidad.

Aunado a ellas, la secretaría no reportó soporte documental de quejas ciudadanas contra funcionarios públicos y tampoco ha actualizado, desde 2018, el Sistema de Registro de Servidores Públicos Nación.

Por: Staff

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